29 de Marzo de 2024

Turbia reinstalación del coordinador regional del IVEA

 

Sin rendir una declaración a los medios y negociar a puertas cerradas, Hernández Ostos acudió hoy alrededor de las 11:30 horas en compañía de su abogado, a las instalaciones del IVEA en esta ciudad, para fijar el pago que le pide al instituto, al igual que regresar a su antiguo puesto.

Se reunió con Rafael Marín, jurídico del IVEA, y con Reina Isabel Lladó Castillo, la actual coordinadora regional de dicha dependencia, en donde en una oficina hablaron y discutieron con Hernández Ostos, a fin de llegar a un acuerdo razonable entre ambas partes.

Pues la reinstalación significaría el hacer a un lado a la licenciada Lladó Castillo, quien tiene más de ocho años en el puesto y que suplió al susodicho, a pesar de su labor en favor de la alfabetización en la zona norte, acto que olvidaría los actos de corrupción de los que fue acusado Hernández Ostos, al ser señalado por alumnos del instituto de cobrarles el certificado de primaria, secundaria o bachillerato al cumplir con sus periodo educativo, cargos que fueron ignorados al tramitar un amparo antes autoridades federales, con número 273/2013 fue revisado por Juez Décimo Quinto de Distrito en el Estado, en Xalapa el 27 de enero de este año; para que después establecer un acuerdo el 19 de marzo pasado, de acuerdo al expediente 1008/2013, en donde se por se le dio resolución a su favor.

De manera extra oficial, se conoce que Hernández Oslos, el cual fue subsecretario de vinculación del Comité estatal del PRI, vino a Tuxpan a tomar posesión del cargo, situación que fue minimizada a la prensa al manejarla como un asunto administrativo y privado.

Dicha reunión duró más de dos horas, en donde hasta el cierre de esta edición, se desconoce el acuerdo final al que llegó el IVEA o si Hernández Oslos logró obtener su reinstalación y el pago que dice solicitar, el cual equivale a más de 3 millones de pesos.

 

Cabe recordar que en algún momento se pidió la cabeza de Lladó Castillo, al argumentar que esta no estaba en posibilidades de trabajar, lo que se calificó como un acto de discriminación, que en su momento los mismos directivos estatales descartaron esa posibilidad, ya que si se hubiera hecho será una falta de ética grabe y el violentar los derechos de las personas con discapacidad. Al finalizar la reunión, no hubo declaraciones.