¿SON DE NOSOTROS LOS NIÑOS DE LA CALLE?...
LOS NIÑOS NO SON DE LA CALLE… ¡SON DE NOSOTROS!, y yo pregunto: ¿Por qué, y a cuenta de qué?, y para ilustrar el particular, permítaseme una pequeña digresión.
De acuerdo a como lo señala la lógica más elemental y tal como lo aconseja el sentido común, cuando se trata de resolver un problema, se empieza por analizar la causa que produce el efecto, hasta conocer su fórmula de solución.
El ejemplo típico de esa estrategia lo encontramos en el campo de la medicina, que nos demuestra que cuando un enfermo acude ante un médico con el propósito de atenderse en su salud, de manera automática el consultado tan pronto ausculta a su paciente incluye para su tratamiento una serie de análisis clínicos de laboratorio por medio de los cuales le sea posible detectar las causas que producen el efecto, y una vez logrado este objetivo, le receta los medicamentos y antídotos adecuados al caso.
Y este obligado preámbulo viene al caso para establecer un símil relacionado con un programa de dudosa asistencia social, cuyo operativo últimamente se ha venido publicitando profusamente a través de los medios visuales de comunicación, bajo el lema: LOS NIÑOS NO SON DE LA CALLE… ¡SON DE NOSOTROS!, discutible reclamo si se toma en cuenta el antecedente de que esos niños que se han desertado de su hogar, en primera instancia ¡SON DE SU PADRES, NO DE NOSOTROS!, y parafraseando al Presidente Fox, podríase añadir: ¿Y YO PORQUÉ?.
Partiendo precisamente de esta consideración, resulta obvio inferir que la manera más lógica y congruente para combatir el efecto, es la de detectar y contrarrestar la causa que lo produce, y no empezando al revés como lo vienen haciendo los impulsores del citado programa, que lo primero que deberían de hacer una vez albergados esos niños de la calle, es asumir la tarea complementaria de localizar a esos padres irresponsables y devolverles los niños QUE SON DE ELLOS, DE SUS PADRES, Y NO DE NOSOTROS, mientras que por otra parte no estaría de más que colateralmente se implementara un Programa Social, que podría ser conocido como PATERNIDAD RESPONSABLE, provisto de una normatividad que comprenda sanciones para los padres (de ambos sexos) que cometan acciones que propicien que sus vástagos abandonen el hogar y se refugien en las calles.
Y no es que estemos descalificando las acciones y los esfuerzos que se realizan para rescatar a los niños de la calle, pues tanto ellos como el resto de niños que permanecen en sus hogares, constituyen la reserva humana de las generaciones del relevo, y parafraseando a Makarenko podríamos agregar en ese sentido que resulta más loable que construir un edificio, edificar la mente de un niño, más sin embargo…
Más sin embargo, francamente no se vale endosarle a los contribuyentes los problemas ajenos generados irresponsablemente por padres inadaptados que en su función como tales, solo lo fueron para satisfacer su lívido, y quienes tal vez todavía deben de andar por ahí, con la bragueta abierta o con la pantaleta a media asta, listos y dispuestos a seguirle dando vuelo al sexo, a efecto de surtir una nueva comalada de NIÑOS DE LA CALLE.
¡Lo dicho Comendador!... LOS NIÑOS NO DEBEN SER DE LA CALLE, PERO TAMPOCO DE NOSOTROS… ¡SON DE SUS PADRES! De esos padres de ocasión a quienes lo más justo sería obligarlos a asumir su responsabilidad como tales, en lugar de endosárselos al prójimo.
EL VOTO MÁS CARO DEL MUNDO. Con ésta simple frase se generaliza una lacerante realidad: los costos económicos que tendrá el proceso Electoral Federal del año 2006, ni más ni menos que constituye un tributo al despilfarro, y un insulto flagrante que ofende a todos los Mexicanos.
Según estimaciones del Instituto Nacional Electoral, el costo del voto per cápita de los Mexicanos, será del orden de los 290 pesos, mientras que el sufragio de los casi 5 millones de Mexicanos (Ciudadanos) que radican en el extranjero, podría tener un costo superior a los 500 pesos.
De acuerdo a como lo dio a conocer el I.N.E., para cubrir el gasto electoral del 2004, se tiene contemplado destinar un presupuesto que rebasa los mil 200 millones de dólares, y parte de ello será distribuido en la siguiente forma: Partido Revolucionario Institucional: Mil 265.6 millones de pesos; Partido de Acción Nacional: Mil 146.8 millones de pesos; Partido de la Revolución Democrática: 744.2 millones de pesos; Partido Verde Ecologista: 393.6 millones de pesos; Partido del Trabajo: 278.8 millones de pesos; Convergencia por la Democracia: 274.8 millones de pesos, y en el caso de los 2 nuevos partidos políticos, <<Nueva Alianza>> y <<Alternativa Social-Democrática y Campesina, a cada uno de ellos le corresponderán 82.2 millones de pesos.
Pero si al lector aún no se le ha agotado la capacidad de asombro con la exposición de éstas generosas prerrogativas económicas que los organismos electorales han destinado para cada uno de los Partidos Políticos mencionados, sírvase tomar en cuenta el gasto actual que ya han despilfarrado los Precandidatos Partidistas en sus Pre-Campañas, que así nomás <<como chancleando>> ya rebasa los 456 millones de pesos, nada más en la compra de tiempo-aire de radio y televisión.
Precisamente sobre este particular se estima que de los 12 mil 920 millones de pesos destinados a los Partidos como prerrogativas y a los gastos de operación del I.N.E., más de 3 mil millones de esos pesos serán invertidos en los dos grandes consorcios de la Televisión comercial, y ello lleva a considerar que las lagunas jurídico-legales que presentan los textos de las leyes electorales y la ausencia de reformas legislativas sobre la materia, impiden ponerle un tope a los ostentosos gastos que en las pre-campañas y campañas hacen y harán los precandidatos y candidatos en los medios electrónicos, cuyas elevadas tarifas no se justifican si se toma en consideración que sólo se limitan a ofrecer una pantalla para proyectar la imagen de interesado, dentro del marco de su propia retórica, mediante el usufructo de una concesión por el uso del suelo, aire y cielo mexicano.
Se recuerda a tal respecto, que en el proceso Electoral Federal celebrado en el año de 1994, el COFIPE comprendía en los operativos de campaña, la disponibilidad para los Partidos y los propios Candidatos, de determinados espacios de tiempo-aire-visión para sus promociones de campaña, y tales espacios eran acordados entre los organismos electorales y las Empresas de Radio y Televisión, con base a la reciprocidad que se supone que debe de existir entre la Institución Gubernamentalmente que otorga la concesión y de quien recibe y percibe un beneficio económico por su explotación comercial, empero en la actualidad, por razones que se ignoran ese antiguo sistema que en el caso presente si aún estuviese vigente podría ahorrarle millones de pesos a los contribuyentes de cuyos bolsillos provienen los costos electorales, ha sido derogado para beneficio de los dos consorcios de la Televisión Comercial, cuyas tarifas, según lo aseguran quienes presumen de enterados, en el horario preferente sobrepasa el cuarto de millón de pesos por un minuto de tiempo-aire-visión, que los acelerados Precandidatos y Candidatos no vacilan en pagar, por supuesto con dinero ajeno… ¡En fin!.
