En nuestro país, el fin de la transmisión de la televisión analógica, la TV que hoy conocemos, estaba programado para el 2021. Ese año cesarían las transmisiones analógicas y el plan era que el Gobierno tuviera 10 años –de 2011 a 2021– para organizar una transición gradual. El plan aprobado por el Presidente Calderón y la extinta COFETEL mandataba una extensa campaña de publicidad para que la gente paulatinamente cambiara sus equipos analógicos por pantallas planas-digitales y sólo en contados casos se darían decodificadores –como en Tijuana en 2012– para que la gente de escasos recursos no se quedara sin la información y el entretenimiento que le brinda de manera gratuita la televisión.
Ése era el plan hasta que, primero el Presidente Calderón, al final de su sexenio mediante un controvertido Acuerdo, y luego el Pacto por México, adelantaron los tiempos. En particular, el Pacto por México plasmó en la Constitución la nueva fecha del apagón para que nadie pudiera impugnar, ni frenar la fecha.
Así, como parte de ese Pacto, PRI, PAN y PRD redactaron 95 compromisos. La matriz de esos arreglos, en poder de este columnista, da cuenta de quién hacía cada propuesta y quién la apoyaba. En el caso de adelantar la TV digital – “competencia en TV” y concluir las transmisiones analógicas– la propuesta vino del PAN, en concreto de Juan Molinar, quien pidió subir a nivel constitucional el tema del apagón para acelerar las inversiones en equipo y tecnología que tendrían que hacer Televisa y TV Azteca. De esta forma, pensó, las televisoras tendrían menos recursos para inyectar a la competencia con Telcel-Telmex en telecomunicaciones. Con ello en mente, fue una iniciativa de origen panista la que propuso cambiar la Constitución a efecto de adelantar siete años el apagón analógico, del 2021 al 2015, a lo que PRD y PRI dieron su aval.
Esto cambió radicalmente la estrategia de todos. De las televisoras privadas, de las públicas, del gobierno y del propio regulador de las telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Para no dejar a millones de familias sin servicio de televisión a fines de 2015, el gobierno ideó el reparto de cerca de 13 millones de televisores, mismo que estaba en línea con la reforma constitucional que había propuesto el Pacto por México.
Pero ahora, PAN, PRD, PT y Morena se quejan por la entrega de televisores, de los cuales 11 millones se repartirán este año electoral. Pero PAN y PRD no se pueden decir sorprendidos, pues acordaron el tema en secrecía absoluta durante el Pacto, de la mano del PRI. El PT tampoco se puede mostrar asombrado, pues votó a favor de los cambios. Si acaso, Morena es el único legitimado para quejarse, pues su existencia como partido político es posterior a estos acuerdos.
Además de la necesidad de concretar el apagón en los plazos que señala la Constitución, hay otros argumentos para no suspender la entregas de TV´s: a) La afectación que tendrían televisoras públicas y privadas en sus audiencias; b) Las complicaciones que las dos nuevas cadenas de TV –cuyos ganadores se anunciarán en marzo– tendrían para ser vistas; y c) El negativo precedente de cancelar durante elecciones cualquier otro programa social por quejas partidistas.
Puede no gustarles a los candidatos de oposición al PRI que el gobierno regale este año 11 millones de televisores, pero las dirigencias del PRD y PAN sabían perfectamente que las elecciones serían en junio y aun así decidieron ordenar el apagón de la TV analógica este mismo año. No se pueden sentir sorprendidos, si acaso, fueron ingenuos. Ahora es inexcusable que busquen que la autoridad electoral, el INE, suspenda un programa que ellos mismos avalaron desde la Constitución en 2013 y que el año pasado ratificaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2015.
El gobierno seguirá regalando millones de TV’s. Habrá que ver quién es el valiente que les dirá a los habitantes de 11 millones de hogares que se opone a que reciban este beneficio. Vaya dilema que vive la oposición por su propio gusto.
Cambiando de tema: Ayer amanecimos con la noticia de una nueva compra por parte de AT&T. Se trata de Nextel México, cuyo corporativo NII Holdings se acogió a un procedimiento de bancarrota en septiembre de 2014. Esta transacción se suma a la compra de Iusacell a fines del año pasado, con lo que AT&T suma ya poco más de 11 millones de usuarios en México. Ambas transacciones se dan dentro del nuevo contexto que vive el mercado mexicano a raíz de la reforma constitucional y la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Estas dos compras configuran una medida audaz del operador americano –hasta hace poco socio de América Móvil– y forman parte de una estrategia para conformar una oferta de servicios a nivel Norteamérica. Según lo mostrado por AT&T, no resultaría extraño que próximamente nos enteremos de que haya adquirido un operador fijo. Eso despejaría la duda sobre si tiene verdaderas intenciones de competir con América Móvil o no.
Queda la incógnita sobre qué tan informados están los directivos de AT&T acerca de las decisiones navideñas adoptadas por el IFT sobre interconexión entre empresas telefónicas, pues hay serias dudas de que éstas contribuyan a fomentar un ambiente de competencia efectiva.
