Rubén Pabello Rojas
En 1952, el Gobernador del Estado, Marco Antonio Muñoz Turnbull, gratamente recordado por quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y tratarlo, reconocido por su bonhomía y su carácter afable y humano, envió una iniciativa a la Legislatura del Estado para crear el Instituto de Compensaciones de Retiro.
Fue en su momento un acto de gobierno adelantado a su época y se le consideró como una imperativa necesidad, con el objeto de proteger al trabajador del Estado, en función de su labor y para asegurar, en el retiro, una economía decorosa después de una vida dedicada al trabajo burocrático.
Marco Antonio nombró como primer director del nuevo instituto, al contador Miguel Ángel Rodríguez, quien de inmediato se avocó a instrumentar lo que en ese momento era la expresión a favor de los trabajadores del régimen público del Estado.
Después, múltiples adecuaciones a la Ley que lo rige; el Instituto cambió de nombre, de Compensaciones fue de Pensiones; extendieron sus facultades y protecciones con nuevas figuras, siempre a favor de sus derechohabientes. Se transformó en una entidad con personalidad jurídica propia.
Muchas generaciones de trabajadores al servicio del Gobierno de Veracruz, disfrutaron de los beneficios para los cuales fue creado el Instituto. Todo marchaba, todo caminaba muy bien, la seguridad de los empleados administrativos y los miembros de organizaciones sindicales magisteriales, también asegurados, disfrutaron por años de una certidumbre en cuanto a sus pensiones en caso de retiro, sus préstamos y todas las bondades que el régimen de pensiones ofrece.
A lo largo de su vida, en calidad de directores, integran el distinguidísimo “cuadro de honor”, entre otros: Sabino Huitrón, José Luis Lobato, Francisco King, Manuel Ramos Gurrión, Manuel de León Maza, Alfredo Meza Peña, Emilio Ruz Ávila, Abel Cuellar, Gonzalo Morgado y el actual. A algunos se les hicieron en sus gestiones verdaderos señalamientos de desvíos con las consiguientes imputaciones y, por arte de la magia que envuelve a la administración pública en general, nunca pasó nada.
Pero las cosas comenzaron a complicarse, las finanzas cada vez estaban peor, lo que ocasionó la necesidad de ir adecuando mediante parches mitigadores, la salud financiera, el sustento y la operatividad del Instituto. Voces críticas advirtieron lo que de oficio se negó, la situación al borde de la quiebra de la institución. La transparencia se tornó de opaca a un autentico hoyo negro, según fama pública.
El problema se volvió mayúsculo y viene arrastrándose desde hace largo tiempo, ha crecido y ha estado por estallar. El Diputado Ricardo Ahued, expresa que el IPE “reventó” y que lleva varios sexenios de pacidad y según la conseja popular, no le falta ni un ápice de razón.
Para hacer frente a una inminente debacle, el Gobernador del Estado, Javier Duarte, envía una iniciativa de reforma a la Ley que norma la vida jurídica del instituto y aun teniendo contenidos valiosos, enfrenta la oposición de numerosas organizaciones, que la descalifican públicamente con plantones y marchas, acompañadas de declaraciones en los medios de comunicación.
A pesar de ello en una sesión ordinaria del Congreso del Estado, la mayoría legislativa, aprueba su contenido y es turnada al Ejecutivo para su promulgación, publicación y vigencia. En un lance inusual, para entrar al recinto parlamentario, los Diputados tienen que ser protegidos de los beligerantes manifestantes inconformes, por la Policía Montada y granaderos, lo que da idea de la atmósfera de inconformidad. Igualmente se protege el Palacio de Gobierno de posibles acometidas violentas.
Se logra en lo que se conoce como Fast track, una nueva reforma probablemente solo efectista. La solución de fondo no es muy factible; puede esta reforma constituir un nuevo emplasto, solo paliativo, no resolutivo del verdadero origen del problemón y en un tiempo, no muy largo, volver a generarse el desequilibrio.
No puede adivinarse si esta nueva reforma será el antídoto a todo un acumulamiento de obscuras acciones que han acompañado al Instituto de Pensiones. Lo que es muy difícil de borrar del juicio popular extendido, es que ha sido el prevaricato y la inconcebible forma de manejar las políticas financieras de la institución, la causa de tal perjuicio y mientras esto no se corrija, puede haber mil y una reformas y el vicio con que ha discurrido el IPE, no se resolverá.
El clamor de derechohabientes, de jubilados y pensionados, y de toda la sociedad veracruzana en general indica que, lo único aceptable para remontar y resolver el problema en el fondo es actuar con honradez, aunque parece ser lo más difícil de lograr. Ese lamento creciente pide a gritos que se llame a cuentas y se castigue a quienes dañaron el patrimonio de la institución, del tamaño que sean, y que también se llame a cuentas a los lideres que formando parte del Consejo de Administración, toleraron todo el proceso nefasto, que linda muy cerca del delito. Ni más, ni menos.
