El tema ya ha suscitado todo tipo de respuestas. Hay desde aquellos que antes juraban que nadie ganaba el salario mínimo y que hoy dicen que aumentarlo nos llevaría al desempleo y la inflación. Toda una catástrofe pues. También hay aquellos que empiezan el debate planteando las objeciones (“es que está vinculado a muchas cosas”), sin siquiera entrar a discutir el fondo del asunto (es decir, el bienestar de los trabajadores de menores ingresos), y sin entender que eso es, ante todo, un tema de implementación que podría resolverse fácilmente. En Uruguay, por ejemplo, mediante una sola ley que contenía apenas dos artículos se creó la Base de Prestaciones y Contribuciones que serviría de ahí en adelante como unidad de medida a la que se vincularían todos los precios, tarifas y prestaciones que antes estaban vinculados al salario mínimo. Es decir, primero se tomó la decisión política de aumentar el salario mínimo y luego se resolvió el cómo. Aquí, la lógica parece ser distinta: pongamos las objeciones por delante, luego entonces nos olvidamos del tema.
Otros, que se creen muy sofisticados, arguyen que el salario mínimo debe estar vinculado a la productividad. ¿Sabrán acaso que el salario mínimo cayó 70% en términos reales desde 1980? ¿Creerán acaso que un trabajador de limpieza o un jornalero agrícola, por ejemplo, producen hoy una tercera parte de lo que producían en 1980? Otros más dicen que el salario no se puede fijar por decreto. Se les olvida que el salario mínimo es justo eso, un salario por decreto que pretende garantizar un mínimo nivel de vida a alguien que trabaja en el sector formal durante una jornada completa. Si eso no les gusta porque atenta contra su lógica simplista de oferta y demanda, entonces que lo digan abiertamente y que propongan eliminar ese concepto de la Constitución. No se atreven. Prefieren vivir en una simulación en la que el salario mínimo existe pero no cumple con su cometido. Curiosamente, muchos de los que utilizan este argumento son funcionarios cuyos sueldos se fijan precisamente por decreto. ¿O qué, acaso creerán que sus enormes sueldos, de varios múltiplos del salario mínimo, reflejan su productividad?
Lo que más sorprende de todo esto es que a un civilizado llamado al debate, y a un seminario internacional organizado por el GDF, la CEPAL y la UNAM al que asistieron algunos de los principales expertos mundiales en el tema, le correspondió un dinosaúrico comunicado promovido por el gobierno al estilo del más rancio PRI de los años ochenta convocando a la unidad de los sectores y acordando, en los hechos, un Pacto de Contención Salarial hasta que las reformas tengan éxito (si lo tienen). Así, la colusión gobierno-empresarios-líderes sindicales aparece como la más nítida imagen del pacto anti-trabajadores que ha debilitado el mercado interno en los últimos años. Por otro lado, Agustín Carstens se encargó de sacar al petate del muerto de la inflación sin siquiera reparar en que contenerla es precisamente su trabajo. Trabajo que, por lo demás, no está cumpliendo del todo bien, ya que la inflación de julio estuvo por encima de la zona objetivo que se fija el propio Banco de México. Si le pagaran por desempeño ya le habrían bajado su sueldo.
Ya se ha dicho, pero vale la pena repetirlo: un trabajador urbano y formal que percibe el salario mínimo tiene ingresos que son 20% inferiores a la línea de pobreza. Es decir, esa persona, a pesar de trabajar formalmente, seguiría en la pobreza; y ya no digamos si tuviera una familia que mantener. Si su familia fuera de 3 personas, ese ingreso no le alcanzaría ni siquiera para adquirir una canasta alimentaria básica por persona. Por lo tanto, esa familia viviría en pobreza extrema y sería elegible para muchos programas sociales. Parecería entonces que preferimos seguir complementando ingresos (y por lo tanto, subsidiando a los empleadores) mediantes programas asistenciales antes que pagar un salario verdaderamente remunerador. ¿Es eso lo que queremos como país? Al parecer, el gobierno y sus voceros están muy contentos con ese escenario.
